Para nadie es novedad que algo está pasando con lo ambiental y las industrias extractivas. Ese algo para algunos es sinónimo de contaminación, exacerbada o mitificada en muchos casos por discursos que se presentan como ciertos e irrefutables sin tener base real o para encubrir otros intereses y para otros de lo que denominaba Ramón Martín Mateo en su Tratado de Derecho Ambiental (Madrid, 2002), como las Exorbitancias: "El auge y difusión de las preocupaciones ambientalistas genera a veces confusiones comprensibles o simplemente discutibles, pero también incoherencias programáticas que conviene clarificar" (Vol. I, pág. 9).

 

Si bien nadie puede discutir que toda actividad humana es susceptible de generar impactos negativos en su entorno y que las actividades minero energéticas, ciertamente no son una excepción, es importante hacer una pausa y analizar si el camino que estamos siguiendo es el correcto o no. Y de hecho, por los resultados obtenidos, pareciera que transitamos por una vía errada.  Casos como el de Conga y Tía María, Michiquillay y Galeno, o la salida del país de inversionistas como las petroleras ConocoPhillips y Talisman, así como la lamentable más de una decena de proyectos suspendidos que podemos analizar, dan fe de ello. Y es que al margen de sus titulares, de los impactos y riesgos que pudieran generar, de las bondades y defectos que podamos advertir en las medidas de manejo ambiental y social diseñadas para su ejecución, del temor azuzado y de los perjuicios y beneficios que pudo obtener la población local, así como de la forma como el gobierno se condujo frente a ellos, lo cierto es que el resultado ha sido la lamentable pérdida de inversiones para el país. Ello representa menos trabajo y mayor desempleo, pérdida de crecimiento económico, recesión, agudización de pobreza y pérdida de oportunidades en general.

 

Las últimas dos décadas han sido importantes para quienes creemos en lo que se suele conocer como el desarrollo sostenible, que busca un balance equilibrado entre el crecimiento económico, el bienestar social y la protección del ambiente, con una perspectiva de largo plazo. La gestión ambiental se ha extendido y hoy cuenta con instrumentos que no existían décadas atrás. No obstante, también es importante ser conscientes que en paralelo se han generado exorbitancias o medidas carentes de razonabilidad, que deslegitiman la indiscutible necesidad de contar con una legislación ambiental eficaz y eficiente. Eficaz para asegurar la primacía del enfoque preventivo, la adecuada internalización de los costos ambientales y la asunción de responsabilidad por quienes puedan causar o causan degradación del ambiente a través del desarrollo de sus actividades, pero también eficiente para asegurar un balance adecuado entre los costos de las medidas que se adoptan y los retornos que éstas puedan generar.

 

Del desarrollo sostenible a la decisión de campo

Entre los años 70 y 90 se afianzó un discurso global orientado a lograr el desarrollo sostenible articulando la protección ambiental, el bienestar social y el crecimiento económico, en una perspectiva de largo plazo.  Y en torno a esta aspiración surgieron ideas como el ecodesarrollo, producción limpia, economía verde y muchos otros grandes postulados que marcaron la primera generación de normas ambientales del Perú, con enunciados como la gestión integral, el manejo adecuado, la responsabilidad ambiental, y otros más, "según corresponda" y "a criterio de la autoridad".

 

No obstante, al aplicar estos grandes conceptos en el día a día, se perdió la perspectiva. Las normas no han establecido criterios generales, técnicos o siquiera razonables, para decidir cómo impermeabilizar la base de un pad de lixiviación, si el suelo de un área operativa debe ser fiscalizado como suelo no intervenido,  o si mover una plataforma de perforación 60 m es distinto de moverla 50 m, entre otros.

 

El Estado ha renunciado a su función normativa

Siendo lo ambiental hoy, un tema de decisiones cotidianas, es inadmisible que éstas se adopten aún en base a enunciados legales genéricos y gran discrecionalidad del funcionario público. El Estado no ha desarrollado una segunda generación de normas ambientales específicas, pero técnicas; pragmáticas y posibles. Ha optado por el facilismo de empoderar a los funcionarios que evalúan estudios y permisos, o que realizan la fiscalización, los que a falta de criterios legales, suelen querer imponer los propios, en algunos casos sin experiencia, generando sobrecostos, problemas sociales y otros males. También se han emitido algunas normas ajenas a nuestra realidad y sin base técnica.

 

Y es que se olvida que la legislación y el gobierno, cumplen una finalidad: regular y controlar las conductas humanas que pueden tener incidencia pública. En materia ambiental, esa incidencia pública son los impactos ambientales, que el Estado debe gestionar con profesionalismo, si no se seguirá afianzando la creencia que lo ambiental es sinónimo de una maraña burocrática de permisos (300, 400 y hasta 4000 para algunos proyectos), de reportes periódicos (alrededor de 80), de fiscalización discrecional y fuerte stress cada vez que se decide un nuevo proyecto o ampliar la producción.

 

Lo ambiental en su justa perspectiva es un tema importante, de convivencia y respeto por nuestra propia calidad de vida. Es eminentemente técnico y especializado y no materia de formalismos, discursos románticos, pseudomorales o plataforma de algunos personajillos que manipulan la pobreza como adalides, para obtener ventajas o ser parte de lamentables iconografías de la corrupción.

 

Crecimiento económico, minería y gestión social

El crecimiento económico no está negado con el valor del ser humano; todo lo contrario. Volviendo a las raíces, el desarrollo sostenible implica que lo ambiental es parte del crecimiento económico responsable; no antípoda del mismo.  

 

La minería es un gran espacio de oportunidades porque conjuga el conocimiento, la ingeniería y la técnica para poner en valor recursos que en el subsuelo, sirven a nadie; casi no hay profesión o técnica que no sea partícipe de esta actividad. El Estado por tanto, debe conducirse con responsabilidad para aprovechar las ventajas que la naturaleza ha brindado a nuestro territorio rico en diversidad biológica y geológica. Esta debe ser base de unión y crecimiento, no de discordia y chauvinismos.

 

Por los recursos económicos que genera la minería debe contribuir a la distribución razonable de la riqueza. Es innegable que el inversionista, acorde al riesgo y magnitud de su inversión debe obtener el retorno que la justifica; no obstante, la rentabilidad de la actividad y los impactos que genera, imponen también la obligación de invertir lo razonable para un manejo ambiental responsable y una gestión social que promueva sin reemplazar al Estado, sinergias y mayores oportunidades de desarrollo.

 

Ada Alegre Chang, Gerente General de Ada Alegre Consultores SAC.

 

(En: Los Derechos Fundamentales. Estudios de los Derechos Constitucionales desdel as Diversas Especialidades del Derecho. Gaceta Constitucional. Febrero 2010)

 

Ada Alegre Chang 

 

1. Consideraciones previas

La autonomía, novedad y complejidad del derecho ambiental se aprecian con amplia nitidez a través del análisis del derecho fundamental a disfrutar de un ambiente que permita el desarrollo de la vida de las personas y la vida en general, aún cuando respecto de esto último, es decir, del alcance de la tutela de este derecho constitucional, se ha escrito y argumentado mucho y en muchos sentidos.

 

El derecho ambiental es una rama del Derecho que se caracteriza por ser una disciplina de síntesis, que articula conocimientos jurídicos y no jurídicos de diversas áreas del conocimiento, para regular las conductas humanas a través de principios que configuran una aproximación a la realidad, desde la perspectiva del interés público y con un alcance que trasciende espacial y temporalmente los enfoques tradicionales del Derecho. Las fronteras en el derecho ambiental van más allá de lo individual y lo colectivo, e incluso del presente, porque se orienta a tutelar las condiciones que permiten asegurar la vida y la continuidad de la misma, pero no simplemente en su sentido físico o natural de pervivencia, sino en el sentido amplio que se asocia a la propia dignidad del ser humano y al valor intrínseco que tiene la vida en sí misma....